Muchos lo sabían. Muchos callaban. Hasta que se encontró una prueba que lo puso en escandalosa evidencia. En noviembre de 2005 se encontraron en Rutshuru, en la República Democrática del Congo, el antiguo Zaire, tres fosas comunes con los restos de las víctimas de los episodios violentos ocurridos en la zona entre 1996 y 1997. El gobierno del país, que había frenado todos los intentos de Naciones Unidas de investigar los crímenes, no pudo esconder la prueba visible y definitiva que daría el empujón necesario a la investigación. Las indagaciones recibieron el nombre de Proyecto Mapping y el presidente congoleño, Laurent-Désiré Kabila, se vio obligado a permitir que sus responsables hicieran su trabajo.
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Miembros de Naciones Unidas en Rutshuru
Durante nada menos que diez años, de marzo de 1993 a junio de 2003, una ola de violencia recorrió Kivu-Norte en el por entonces Zaire. Los verdugos fueron el ejército ruandés, a cuyo país aún le quedaba un año para salir de la guerra civil, y el AFDL (Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo-Zaire); las víctimas, los congoleños y los refugiados hutu ruandeses que habían huido de su país por miedo a las represalias de los tutsis. Otro episodio más de violencia en la zona de los Grandes Lagos. Los dos gobiernos implicados fueron testigos de la violencia y cómplices del silencio. Lo intentaron hasta que en 2008 entraron los investigadores.
Campos de refugiados en el antiguo Zaire
El periódico francés Le Monde filtró el informe realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el que se reconocían indicios de genocidio en los crímenes investigados. Por fin, el esfuerzo y las sospechas de tantos estaban confirmadas. Las conclusiones eran inapelables.
El ejército ruandés y sus aliados congoleños lanzaron ataques en apariencia sistemáticos y generalizados contra los hutu en una aparente persecución implacable y masacres de gran amplitud de refugiados hutu, causando la muerte de varias decenas de milesde personas. El uso extensivo de armas blancas, principalmente martillos, y la aparente naturaleza sistemática de las masacres de supervivientes, entre ellos mujeres y niños, tras la toma de los campos de refugiados podría indicar que los numerosos fallecimientos no son imputables a los aleas de la guerra o asimilables a daños colaterales. Entre las víctimas, había una mayoría de niños, mujeres y personas mayores y enfermos, a menudo subalimentados, que no planteaban ningún peligro para las fuerzas atacantes.
A más de uno se le abrieron las carnes. Faltaban pocas semanas para que se celebrara la Cumbre de Naciones Unidas en Nueva York y los gobiernos de la República Democrática del Congo y de Ruanda cargaron contra el informe. Especialmente el presidente ruandés, Paul Kagame, objetivo de las acusaciones de organizaciones y órdenes religiosas que elevan su implicación en los genocidios que asolaron a su país; no el primero, el que perpetraron los extremistas hutu contras los tutsis y que sofocó el FPR dirigido por Kagame, sino el que vino después, cuando Ruanda invadió los campos de refugiados de los hutu que habían huido a Zaire. Las imágenes que siguen lo muestran.
El viernes se vivió el último episodio de esta negra historia. Naciones Unidas publicó el informe definitivo, en el que poco se matiza sobre la versión filtrada por Le Monde más allá de incluir algunas puntualizaciones sobre la definición de genocidio. Ahora queda esperar a que se decida cómo se van a juzgar estos crímenes ante la justicia, si serán los tribunales congoleños o un modelo híbrido con jueces internacionales.
Buena parte de la información recogida en este post procede de este documento [HRW Preguntasrespuestas Informe] publicado por Human Rights World y que me ha enviado Ramón Arozarena, uno de los impulsores de Basta de impunidad en Ruanda una plataforma que persigue de la ONU retire de la copresidencia del Grupo Impulsor de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a Paul Kagame hasta que sus causas criminales abiertas, una en Francia y otra en España, y en las que se le imputa por genocidio y crímenes de lesa humanidad sean juzgadas. Así que el último informe de la ONU no hace más que darles la razón.
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